Negligencia médica por retraso diagnóstico de ictus

El ictus constituye una emergencia médica que se produce cuando un coágulo o una obstrucción bloquea el flujo sanguíneo en una arteria cerebral, privando a las células del cerebro de oxígeno y nutrientes esenciales. La intervención médica inmediata puede reducir significativamente las secuelas, pero un diagnóstico y tratamiento tardíos, especialmente debido a negligencia médica, pueden acarrear consecuencias graves y generar responsabilidad legal para los profesionales e instituciones sanitarias involucradas. Por ello, la rapidez del diagnóstico y tratamiento es crucial para evitar daños cerebrales irreversibles y mejorar las probabilidades de recuperación del paciente.

La importancia del diagnóstico precoz y la "ventana terapéutica"

El éxito del tratamiento del ictus isquémico depende en gran medida de su diagnóstico rápido, ya que existen ventanas de tiempo muy limitadas para administrar tratamientos efectivos. Los principales tratamientos incluyen:

• Trombolíticos: como el activador tisular del plasminógeno (rTPA), que debe administrarse dentro de las primeras 4,5 horas tras el inicio de los síntomas.

• Trombectomía mecánica: procedimiento para extraer el coágulo, que es efectivo hasta 6 horas después del comienzo del ictus, o incluso más en ciertos casos.

La identificación precoz de un ictus isquémico es crucial para asegurar que el paciente sea candidato a estos tratamientos. Cualquier retraso en el diagnóstico compromete la posibilidad de intervención dentro de la ventana terapéutica, exponiendo al paciente a un mayor riesgo de daños cerebrales permanentes o muerte. En estos casos, los profesionales de la salud deben actuar con la máxima diligencia, ya que, como se suele decir en la práctica médica, “el tiempo es cerebro”.

Negligencia médica por retraso del diagnóstico

La negligencia médica se produce cuando un profesional de la salud no actúa con la diligencia exigida por los estándares médicos, causando un daño que podría haberse evitado con una actuación adecuada. En el caso de un ictus isquémico, el retraso en el diagnóstico representa una de las formas más graves de negligencia, pues cada minuto de demora puede incrementar significativamente el riesgo de daño cerebral irreversible.

Algunos de los principales factores que pueden dar lugar a un retraso en el diagnóstico de un ictus, y que pueden considerarse negligencia médica, incluyen:

1. Falta de reconocimiento de los síntomas del ictus: Los signos del ictus, como la debilidad súbita en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pérdida de visión, son indicadores clave que deben ser reconocidos de inmediato. La omisión de estos síntomas por parte del personal médico, tanto en la atención primaria como en urgencias, constituye un error diagnóstico grave.

2. Retraso en la realización de pruebas diagnósticas: Ante la sospecha de un ictus isquémico, las pruebas de imagen como la tomografía computarizada (TAC) o la resonancia magnética (RM) deben realizarse sin demora para confirmar el diagnóstico. Retrasar estas pruebas puede comprometer la ventana terapéutica, lo que empeora el pronóstico del paciente.

3. Fallo en la administración del tratamiento adecuado: Incluso si se diagnostica un ictus, la tardanza en la administración de tPA o en la realización de una trombectomía puede privar al paciente de recibir el tratamiento adecuado en el momento correcto. La negligencia en la toma de decisiones rápidas y eficaces agrava el daño cerebral y compromete la recuperación del paciente.

La responsabilidad patrimonial de la Administración

Cuando el retraso en el diagnóstico y tratamiento de un ictus isquémico se produce en un hospital o centro sanitario público, puede establecerse la responsabilidad patrimonial de la Administración. Para que esta responsabilidad sea reconocida y se conceda una indemnización, deben cumplirse ciertos requisitos:

1. Existencia de un daño efectivo: El paciente debe haber sufrido un daño físico o funcional como consecuencia directa de la negligencia. En los casos de ictus, las secuelas más comunes incluyen parálisis permanentes, dificultades cognitivas severas, pérdida de habilidades motoras, o incluso la muerte.

2. Nexo causal directo: Es imprescindible demostrar que el daño sufrido por el paciente fue una consecuencia directa del retraso en el diagnóstico o tratamiento. En otras palabras, debe probarse que el daño podría haberse evitado o minimizado si el paciente hubiera sido diagnosticado y tratado de manera adecuada y a tiempo.

3. Actuación negligente: Para que exista responsabilidad, debe demostrarse que la actuación médica fue contraria a la lex artis ad hoc, es decir, que los profesionales sanitarios no actuaron conforme a los estándares médicos exigibles para la atención de un paciente con síntomas de ictus. Esto incluye la falta de reconocimiento de los síntomas, la omisión de pruebas diagnósticas esenciales o la demora en la toma de decisiones críticas.

4. Ausencia de fuerza mayor: La Administración no puede excusar la negligencia médica por causas ajenas al control del servicio médico, como catástrofes naturales o circunstancias imprevistas. En los casos de ictus, la fuerza mayor es difícil de argumentar, ya que los protocolos de actuación para esta emergencia médica están claramente establecidos y son de obligado cumplimiento.

La doctrina de la "pérdida de oportunidad"

En muchos casos de ictus isquémico, los tribunales aplican la doctrina de la pérdida de oportunidad, que reconoce que, aunque no se pueda afirmar con certeza que el tratamiento hubiera sido exitoso, el paciente perdió una oportunidad razonable de mejorar o de evitar secuelas graves debido al retraso en el diagnóstico o tratamiento.

La jurisprudencia española establece que, aunque no se pueda garantizar que el resultado del tratamiento habría sido positivo, la privación de una opción terapéutica viable constituye un daño que debe ser compensado. Esta pérdida de oportunidad se valora económicamente en función de la gravedad del daño sufrido por el paciente y de las probabilidades de éxito que se habrían tenido si la intervención médica se hubiera realizado en el momento oportuno.

Indemnización de la negligencia médica en el ictus isquémico

Cuando se demuestra que ha habido negligencia médica, los afectados tienen derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos. Las indemnizaciones pueden incluir:

• Gastos médicos derivados de tratamientos adicionales, cuidados prolongados o rehabilitación.

• Daño moral por el sufrimiento físico, emocional y la pérdida de calidad de vida.

• Secuelas permanentes, como parálisis, pérdida de funciones cognitivas o dificultades para llevar a cabo actividades diarias.

• Incapacidad permanente o parcial, que afecte tanto a la vida personal como laboral del paciente.

En el caso de que el ictus haya causado la muerte del paciente, los familiares también pueden reclamar una compensación por daños y perjuicios derivados de la negligencia médica.

¿Cómo podemos ayudarte?

En estos casos, los tribunales tienen la tarea de determinar si la actuación médica fue diligente o si, por el contrario, la negligencia privó al paciente de la oportunidad de recibir el tratamiento adecuado en el momento oportuno.

Si tú o un familiar habéis sufrido un ictus isquémico y consideráis que ha habido un retraso en el diagnóstico o tratamiento debido a una negligencia médica, puedes consultarnos. En nuestro despacho de abogados contamos con amplia experiencia durante más de 30 años en la gestión de reclamaciones por responsabilidad patrimonial y negligencias médicas. Un equipo legal experto para asesorarte de manera profesional y luchar para que seas debidamente indemnizado. No dudes en contactarnos para una consulta inicial y analizar cómo podemos ayudarte en este proceso.